Licencia de conducir no será documento de identidad

El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) rechazó este martes el proyecto de ley propuesto en la Cámara de Diputados para convertir la licencia de conducir en documento de identidad de los ciudadanos.

Durante su sesión de hoy, los miembros del organismo consideraron que la propuesta violaría la Constitución de la República y la Ley General Electoral.

El Pleno decidió remitir a la Cámara de Diputados un documento de rechazo al proyecto legislativo, al concluir que el otorgamiento de la identidad personal es una facultad de la Junta Central Electoral por mandato constitucional.

Además, por considerar que contrario a lo señalado en el proyecto, de que “en otros países la Licencia de Conducir Vehículos de Motor es precisamente el documento oficial válido para la identidad personal del individuo”, obedece a que en estos países, como es el caso de Estados Unidos de Norteamérica, no existe un documento único de identidad, que en el caso dominicano está definido en la Ley 892-82.

Advierte la JCE, que "el Proyecto devendría en inconstitucional, toda vez que otorgaría atribución y competencia a otras instituciones y entidades similares a las que tiene la Junta Central Electoral, que es la institución que tiene esa autoridad, según lo establece la Carta Magna".

Según los miembros de la JCE la propuesta debe ser considerada como una "contra reforma", que iría a contrapelo de los procesos de identificación que se desarrollan en América y el mundo hacia la unificación del documento de identidad personal y no hacia la disgregación.

El Pleno del organismo insiste en que de aprobarse ese proyecto sería una involución de todo el proceso de Identidad y pondría en peligro todos los avances logrados hasta el momento en la recuperación de la identidad nacional y en todo el sistema de identificación y registral del ciudadano y ciudadana.

A la vez señala que sería negativa en la seguridad jurídica del Estado, porque hace vulnerable éste sistema.

La JCE expresó su preocupación por la recurrencia inusual en presentar un proyecto de Ley que ha sido rechazado por todos los sectores productivos e instituciones públicas y privadas.