Las autoridades actúan como complices de los delincuentes

Las entidades de la sociedad civil atribuyen los hechos violentos y la inseguridad ciudadana a la incapacidad y vínculo con el crimen de las autoridades a cargo de la preservar el orden.

La Fundación Institucionalidad y Justicia advierte que las autoridades se han convertido en parte del problema de la inseguridad ciudadana y la Alianza Dominicana contra la Corrupción sostiene que las autoridades han abandonado sus responsabilidades.

Servio Tulio Castaños Guzmán y Julio César de la Rosa Tiburcio coinciden en que será preciso reformar la Policía Nacional cuanto antes, para devolver la tranquilidad perdida a la sociedad dominicana.

José Fernando Pérez Vólquez, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, advierte que la delincuencia se le ha ido de las manos al Estado dominicano, por la impunidad de la corrupción y el desenfreno.

Mientras que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, está convencido de que los principales responsables de los niveles de temor provocados por la criminalidad son los jueces, porque a su juicio emiten sentencias benignas para favorecer a imputados en diferentes actividades delictivas.

"Es que las autoridades se han convertido en parte del problema, y no en la solución. Esa es la realidad", asegura el director ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños.

Puso como ejemplo lo ocurrido el jueves de la semana pasada en San Francisco de Macorís, donde un grupo de 50 policías penetró al Palacio de Justicia de esa ciudad nordestana y sacó a la fuerza a un raso policial a quien se le habían dictado tres meses de prisión preventiva.

"Cuando suceden hechos como éstos, evidentemente que eso desborda el problema de la seguridad ciudadana en la República Dominicana", puntualizó Castaños.

Pared Pérez culpa del aumento de los actos delictivos a la "irresponsabilidad" de jueces.

Según el legislador, la Policía Nacional y el Ministerio Público suelen presentar expedientes debidamente instrumentados contra importantes criminales, pero algunos magistrados no aplican las sanciones penales que corresponden con la excusa de que el Código Procesal Penal es garantista.

"Esas son excusas baladíes. Lo que ocurre es que muchos jueces aplican medidas de coerción, sanciones, penas complacientes y benignas que permiten que los delincuentes vuelvan a las calles", consideró Pared Pérez.

Para la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, la violencia desatada en el país a todos los niveles es preocupante y por demás sospechosa.

El coordinador general de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio, explica que esto "evidencia una falta de voluntad política de las autoridades competentes que se muestran indiferentes a la problemática, que abarca asaltos a camiones transportadores de mercancía valiosa, atracos a residencias y muertes de ciudadanos a manos de policías y militares".

Apunta que la situación descrita muestra, igualmente, un total abandono por parte de esas autoridades de sus responsabilidades. Considera que esta debilidad toca principalmente a los actores que manejan la política criminal del Estado.

A propósito de esto último, Castaños insiste que gran parte de la culpa recae sobre la Policía Nacional, por lo que aprovechó para reiterar su interés de que se apruebe sin demora la reforma propuesta a la estructura de esta institución.

"Vemos como muchas veces, miembros de esa institución se involucran con una serie de hechos delictuosos, y eso está afectando el clima de seguridad ciudadana", recordó Castaños.

Para la catedrática Elsa López, decana del área de ciencias sociales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la solución a los hechos violentos que tanto afectan a la sociedad dominicana no se logra aplicando fuerza, sino con justicia social.

"La pobreza está creciendo; el impulso sobre el consumo crece, entonces mucha gente está muy pobre. No tiene ningún derecho. Los salarios mínimos son inadecuados. La gente no tiene los servicios que necesita", apunta López.

Su tesis es que la pobreza genera violencia, en la medida en que mientras unos viven en opulencia las grandes mayorías viven en condiciones que muchas veces trasciende lo precario, lo que hace más violenta a esa sociedad que padece las consecuencias directas de no tener acceso a puestos de trabajos ni a una educación digna.

"Es un ciclo de recreación de la pobreza; de desigualdad. Entonces la delincuencia no va a parar hasta que no entremos por otro lado. No es una cuestión de fuerzas, porque entonces van a tener que matar a mucha gente", sugiere López.

El presidente del Colegio de Abogados, José Fernández Pérez Vólquez, considera que el Estado tiene que invertir más recursos en su política criminal y dignificar los salarios de militares y policías.

"La delincuencia se le ha ido de las manos al Estado", dijo Vólquez.

Y mientras estos sectores muestran preocupación, la Policía Nacional asegura que mantiene "bajo control" la situación que vive el país respecto a los hechos violentos.

El vocero de la institución, Máximo Báez Aybar, entiende que más allá de la percepción que se tiene "por algunos casos trascendentales", la realidad es que la República Dominicana tiene una de las mejores tasa de criminalidad en comparación con otros países de la región.