El empresario italiano Ángelo Rocchi se quejaron de la falta de colaboración de las autoridades dominicanas para rescatar mil 83 tareas que son ocupadas por el gobernador de Montecristi, el alcalde municipal de Castañuelas y el procurador fiscal de la provincia, Wendy García, así como otras personalidades.Rocchi, propietario de la empresa Exportadora e importadora Dos Torres, que comercializaba con arroz, productos agropecuarios y otros rubros de producción nacional e internacional, dijo que desde hace varios años reclama los terrenos, pero es amenazado por quienes los ocupan de manera ilegal.
Acusó al gobernador de Montecristi y al procurador fiscal de la provincia de no contribuir a la solución de la litis, ya que son parte de la misma y son las personas en quienes se apoyan los invasores de sus terrenos.
Su abogada Ana María Toribio, el empresario italiano explicó que luego de que se comercializara la última cosecha de arroz en su empresa, viajó a Italia y cuando regresó encontró los terrenos ocupados por invasores que se resisten a abandonarlos.
Las tierras son de vocación agrícola y están ubicadas en las parcelas 14 y 16 de Loma de Castañuelas y la 663 de Villa Vásquez, con una extensión conjunta de mil 83 tareas.
Rocchi y su abogada presentaron los planos y documentos que avalan la propiedad de las tierras invadidas por unas 47 familias de Castañuelas y Villa Vásquez.
Dijeron que los ocupantes se resisten a devolver los terrenos, porque alegan que llevan más de 15 años ocupándolos y han adquirido derechos como supuestos usufructuarios.
Expresaron el interés de arribar a un acuerdo con los ocupantes de las tierras, en base a la tasación de las partes y convenir la venta, como solución al problema y evitar el desalojo compulsivo.
El empresario italiano y su abogada demandaron del Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, y del presidente Leonel Fernández a que tomen carta sobre el conflicto y que como autoridades competentes contribuyan a solucionarlo, en base a las leyes sobre la propiedad inmobiliaria.
Afirmaron que sólo con la voluntad del Estado se evitaría que el reclamo de los terrenos pueda concluir en una tragedia humana por la inacción del Ministerio Público, la Presidencia de la República y la Justicia dominicana.
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