Se recuerda que en esta misma fecha, la comisión designada por el gobierno para evaluar estos libros determinó que los mismos deben ser sustituidos de manera inmediata y que se deben utilizar otros textos en la educación para concluir el presente año escolar.
Según estimaciones en la ejecución del referido proyecto se gastaron alrededor de 200 millones de pesos.
En rueda de prensa encabezada por Yaquelín Malagón, coordinadora de la Comisión, el grupo de académicos recomendó que a partir del próximo año escolar se utilicen nuevos textos para el primer ciclo de nivel básico, por área curricular y por grado, en donde se aplique el concepto de integración de curriculum como una estrategia de globalización de los contenidos
La comisión está compuesta especialistas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Pontificia Universidad Autónoma de Santo Domingo (PUCMM), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), así como la Universidad Pedro Henrique Ureña (UNPHU) Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y la Universidad Iberoamericana (UNIBE), conjuntamente con funcionarios del propio ministerio de educación.
Este informe deberá ser conocido por el Consejo de Educación, a quien el ex ministro no consulto para la toma de tan delicada decisión. Los comisionados sugieren “que a partir del próximo año escolar se utilicen nuevos textos para el Primer Ciclo del nivel Básico por área curricular y por grado, en lo que se aplique el concepto de integración del currículo como una estrategia de globalización de los contenidos”.
Y para el nivel inicial que se utilice un nuevo texto retomando los bloques de contenido contemplado en el currículo vigente” como también que “se rechace el Modelo Pedagógico Centrado en los Aprendizaje con Convergencia de Medios, MPCACM, por considerar que no se corresponde con el currículo vigente”.
Para la Alianza Dominicana Contra la Corrupción –Adocco- este caso no solo debe quedarse en la repulsa de la sociedad, sino que debe llevarse hasta las últimas consecuencias, por la alta suma de dinero que el proyecto involucro, que a su juicio no fue más que un lucrativo negocios para un grupo”.
El coordinador de la entidad, Julio César de la Rosa Tiburcio, solicitó a la entidad persecutora de la corrupción administrativa que adicione este caso al que instrumentó hace un tiempo por la construcción de un ascensor y la remodelación de su despacho.
Considera que los textos integrados “impuesto a contrapelo” al sistema educativo por Paredes son una estafa más contra el Estado dominicano.
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