Los jueces calificaron dicho recurso de improcedente, mal fundado y carente de base legal. El fallo se basó en que la Ley 66/97, sobre Educación no tiene rango constitucional y el Congreso tiene potestad para sancionar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del 2011.
Luis Miguel Rivas, de la Coalición por una Educación Digna, advirtió que apelarán la decisión.
No obstante, calificó como un triunfo de la entidad la instancia, porque demuestra que tienen potestad para dar a conocer ese tipo de acciones para que se ponga freno a senadores y diputados y no actúen sobre la ley.
De su lado, María Teresa Cabrera, ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) e integrante de la Coalición, dijo que es lamentable la decisión del tribunal.
Calificó como una barbaridad que se haga referencia a que ese punto de la Ley de Educación no está en la Constitución.
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