La manipulación en las encuestas dependerá de quien la pague

A partir de las elecciones del 86 las encuestas sobre posicionamiento de los partidos y simpatías de candidatos han estado presentes en todos los procesos electorales. Y aunque en todas las elecciones la mayoría de las encuestas hechas con apego al rigor científico han coincidido con el resultado del cómputo final, en ninguno de esos procesos ha estado ausente el espectro de la manipulación de algunas encuestas hechas incluso por encargo de políticos y medios de comunicación que gozan de prestigio y credibilidad.

Cuando no salen retorcidas desde el levantamiento de la muestra, las manipulan en el camino para adecuarlas a determinados intereses políticos y económicos. Y en el mejor de los casos las “maquillan” en el tramo final del proceso, a veces con el propósito de “emparejar” la carga o para proteger la supuesta imparcialidad del “dueño” de la encuesta. La presión de algunos candidatos sobre los dueños de medios es cuestión de antología.

Eso es lo que ocurre de ordinario con la mayoría de las encuestas hechas por encargo de algunos candidatos y medios de comunicación.

Aunque es preciso aclarar que las firmas encuestadoras serias se han negado --por lo menos en las encuestas más próximas a los comicios-- a que se manipulen sus resultados porque ponen en riesgo su prestigio.

Pero aparecen modalidades nuevas para burlarse impunemente de esos resultados siempre y cuando no se avengan al interés del que las paga o las financia.

La última de estas modalidades es no publicar las encuestas que se encargan con ese propósito.

Hay diversas formas para justificar evadir esa responsabilidad, pero la principal de todas es alegar su desactualización a partir de algunos acontecimientos que supuestamente desnaturalizan sus resultados.

Por supuesto, si esos resultados se favorecen los intereses del político que las paga, su publicación se hace inminente. De lo contrario, hay que salir nuevamente a campo. Y se hace otro levantamiento.

Una encuesta de 1,000 muestras en cualquier localidad, anda costando cerca de los 250 mil pesos. Hay otras mucho más caras y otras mas baratas, pero por el número no confiere ni la más mínima garantía de certificación científica a sus resultados cuando se busca medir la simpatía de los candidatos.

Lo que sí ocurre es que aquellas muestras que se miden municipio por municipio, sirven más como instrumentos de trabajo porque detectan las debilidades y fortalezas de los partidos y de los candidatos en las distintas jurisdicciones de la geografía local.

Cuando se trabaja por encargo de políticos y empresarios particulares que no necesariamente las encargan para publicarlas, sino, como una herramienta de trabajo, pero en algunos casos en los pueblos las utilizan para condicionar la intención del votante aun y la realidad sea todo lo contrario a lo publicado.

En el caso de las redes sociales, constantemente son realizadas encuestas y sondeos que ciertamente carecen de objetividad y pueden ser manipulables por quienes las elaboran y las cuelgan en sus muros, los que de cierto modo, pueden denotar su intención a favor de uno u otro candidato.

Por lo antes dicho, creemos que en una futura reforma se debe requerir que las firmas encuestadoras de los eventos políticos tengan la obligación de registrarse en la Junta Central Electoral y, en consecuencia, de actuar con transparencia al realizar sus sondeos, tomando en consideración la representatividad de las muestras, la calidad del cuestionario, el margen de error y, sobre todo, la neutralidad del encuestador.

Para evitar el rún-rún en las calles, para mayor credibilidad en la publicación y redes sociales.

Fuente: Lintindiario