Miles de haitianos en situación irregular en República Dominicana podrían tener este domingo, cuando vence el plazo de una ley especial de naturalización, su última oportunidad de resolver su estatus migratorio.
La ley, una de varias iniciativas del Gobierno para definir la situación de miles ciudadanos en condición irregular, entró en vigor en mayo del año pasado y fue aplaudida por sectores internacionales y nacionales tradicionalmente defensores de los derechos de inmigrantes haitianos residentes en el país.
La iniciativa establece un régimen especial en beneficio de hijos de madres y padres extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 asentados en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción.
También, para aquellos hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil.
Las autoridades del Ministerio de Interior y Policía, a cargo de la ejecución de la ley, aseguraron ayer que 6.937 personas se acogieron a la medida, una cifra muy por debajo de las 60.000 personas que grupos de la sociedad civil habían pronosticado se inscribirían.
La ley 169-14 en realidad fue votada para un máximo de seis meses, por lo que debió concluir en octubre pasado, pero diferentes sectores locales e internacionales y el propio Gobierno haitiano solicitaron una prórroga y República Dominicana extendió su plazo por otros 90 días que concluyen mañana.
El abogado Wade McMullen, del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, indicó en entrevista telefónica con EFE desde Estados Unidos, que la ley de naturalización dominicana es una “solución defectuosa” que “viola” los derechos humanos.
A su vez, advirtió la “falta de protección” de todos aquellos que no queden cubiertos por la ley y expresó su “extrema preocupación” por la situación que creará quedarse fuera de la ley.
“Todos aquellos que no estén incluidos quedarán en una situación ‘extremadamente vulnerable'”, indicó McMullen.
Sin embargo, las autoridades dominicanas han hecho hincapié en las facilidades que otorga la ley, entre ellas su aplicación gratuita, además de que su vigencia ha ido a la par del Plan de Regularización de Extranjeros, dirigido a regular el estatus de aquellos indocumentados que nacieron fuera del país.
Las autoridades haitianas, ante esta situación, han admitido sus dificultades para otorgar documentos de identidad a sus nacionales residentes en el país y en su momento respaldaron la ley de naturalización.
El viceministro de Interior y Policía dominicano, Washington González, dijo que quienes no se hayan acogido a la ley quedarán en situación de irregularidad.
“Las cifras (de registrados) que emite el Ministerio de Interior y Policía son preocupantes, porque no hay manera de constatar si eso es así; ese proceso debió manejarlo la Junta Central Electoral que es la que está facultada por la constitución para hacerlo”, dijo hoy a Efe el experto constitucionalista José Castillo Pantaleón, un defensor de una política migratoria firme.
La ley, una de varias iniciativas del Gobierno para definir la situación de miles ciudadanos en condición irregular, entró en vigor en mayo del año pasado y fue aplaudida por sectores internacionales y nacionales tradicionalmente defensores de los derechos de inmigrantes haitianos residentes en el país.
La iniciativa establece un régimen especial en beneficio de hijos de madres y padres extranjeros no residentes, nacidos en el territorio nacional entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 asentados en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de la inscripción.
También, para aquellos hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil.
Las autoridades del Ministerio de Interior y Policía, a cargo de la ejecución de la ley, aseguraron ayer que 6.937 personas se acogieron a la medida, una cifra muy por debajo de las 60.000 personas que grupos de la sociedad civil habían pronosticado se inscribirían.
La ley 169-14 en realidad fue votada para un máximo de seis meses, por lo que debió concluir en octubre pasado, pero diferentes sectores locales e internacionales y el propio Gobierno haitiano solicitaron una prórroga y República Dominicana extendió su plazo por otros 90 días que concluyen mañana.
El abogado Wade McMullen, del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, indicó en entrevista telefónica con EFE desde Estados Unidos, que la ley de naturalización dominicana es una “solución defectuosa” que “viola” los derechos humanos.
A su vez, advirtió la “falta de protección” de todos aquellos que no queden cubiertos por la ley y expresó su “extrema preocupación” por la situación que creará quedarse fuera de la ley.
“Todos aquellos que no estén incluidos quedarán en una situación ‘extremadamente vulnerable'”, indicó McMullen.
Sin embargo, las autoridades dominicanas han hecho hincapié en las facilidades que otorga la ley, entre ellas su aplicación gratuita, además de que su vigencia ha ido a la par del Plan de Regularización de Extranjeros, dirigido a regular el estatus de aquellos indocumentados que nacieron fuera del país.
Las autoridades haitianas, ante esta situación, han admitido sus dificultades para otorgar documentos de identidad a sus nacionales residentes en el país y en su momento respaldaron la ley de naturalización.
El viceministro de Interior y Policía dominicano, Washington González, dijo que quienes no se hayan acogido a la ley quedarán en situación de irregularidad.
“Las cifras (de registrados) que emite el Ministerio de Interior y Policía son preocupantes, porque no hay manera de constatar si eso es así; ese proceso debió manejarlo la Junta Central Electoral que es la que está facultada por la constitución para hacerlo”, dijo hoy a Efe el experto constitucionalista José Castillo Pantaleón, un defensor de una política migratoria firme.
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