Este 25 de noviembre se cumple un año más del asesinato de las hermanas Patria,
Minerva y María Teresa Mirabal por órden del dictador Rafael Leónidas
Trujillo, y en su memoria, el mundo entero se une en un solo clamor: el
cese de la violencia contra la mujer.
No obstante, 54 años después de la tragedia que conmocionó al país y al mundo, cientos de mujeres siguen siendo víctimas de la violencia machista, para engrosar las cifras mortales, que a octubre de este año, registraban 149 homicidios de mujeres, según datos del Departamento de Estadísticas de la Procuraduría General de la República.
En el caso específico de los feminicidios, o asesinato de mujeres a manos de sus parejas, se registra un alza con respecto al año pasado que cerró con 71 muertes, y que a octubre de este año sumaban las 72. Al analizar las estadísticas, se infiere que los meses más sangrientos fueron marzo, junio y octubre con catorce y diez muertes respectivamente; y las provincias Santo Domingo, Santiago y el Distrito donde se produjo la mayor cantidad de casos.
Más de 50 mil denuncias
En tanto, de enero a agosto de este año, las 17 Unidades de Atención a Víctimas de Violencia habían recibido 45,700 denuncias por todos los tipos de violencia de género e intrafamiliar (física, verbal y psicológica y patrimonial).
Mientras que, en el caso de los delitos sexuales (agresiones, violaciones, acoso, incesto y seducción de menores) se habían registrado 5,850 casos.
Hasta agosto de este año se habían emitido 11,570 órdenes de protección.
Un problema multicausal que requiere respuestas multisectoriales
Para la Procuradora Adjunta para Asuntos de la Mujer, Rosanna Reyes, desde el Ministerio Público se hacen los esfuerzos para que las cifras no superen las 100 muertes y que el país siga teniendo una de las tasas más bajas de feminicidios de América Latina, de 3 por cada 100 mil mujeres.
Sin embargo, entiende que un problema tan complejo, como es la violencia doméstica, va más allá del sistema de justicia penal, que viene a ser el último eslabón de la cadena “porque cuando la mujer viene donde nosotros o va a la Policía, es porque ya ha pasado varias veces por un hospital, o por una policlínica o por una clínica privada. Uno tiene que preguntarse cómo es que un hombre o una mujer en esta sociedad se convierten en víctimas o agresores”.
Sostiene que la violencia contra la mujer es un problema multicausal que requiere de una respuesta intersectorial en un país en el que predomina una cultura machista, donde el hombre controla y domina. “Mientras no cambiemos los esquemas de relación entre hombres y mujeres, desde niños que aprendemos a leer y a escribir, éste va a ser un problema muy complicado de resolver porque el Ministerio Público toma sus medidas, la Justicia toma sus medidas pero es un problema estructural, sistémico. Fíjate que en este país los hombres dejan a las mujeres y no pasa nada, pero cuando es al revés, ellos salen a matarlas”, afirma.
En ese sentido, señala que el Estado enfrenta grandes desafíos para el fortalecimiento de la prevención de la violencia, con el involucramiento de los sectores Salud, Educación y Cultura.
“Eso tiene que fortalecerse y trabajarse. A través de la música, del arte, la cultura, etcétera. A través de la educación, desde que los niños aprenden a leer y a escribir, porque hay publicidad que agrede a la mujer, géneros artísticos que agreden, medios de comunicación que presentan programas que agreden a las mujeres, entonces todo eso no es responsabilidad del Ministerio Público”.
80% no denuncia a agresores
Reyes sostiene que todavía se mantiene la constante de que el 80% de las mujeres que mueren a manos de sus parejas no lo denuncian ante ninguna autoridad “y no lo hacen porque no creen que el hombre es capaz de matarla, y segundo, porque no se reconocen como víctimas y no buscan ayuda”, afirma.
Señala que pese a las limitaciones presupuestarias, el Ministerio Público sigue trabajando para mejorar la respuesta y la calidad de servicio de atención en todo el territorio, incluyendo las 17 unidades de atención integral, con el nombramiento gradual de alguaciles y mensajeros.
“Una de las cosas en que hemos insistido en el Ministerio Público, a través de las directrices del Procurador General, Francisco Domínguez Brito, es que la gestión de la denuncia, de la orden de arresto, de alejamiento, u órdenes de protección, así como la citación, no quede a cargo de la víctima sino del Ministerio Público y de la Policía porque hacer esto es revictimizar a la mujer y ponerla en alto riesgo”, apunta.
Políticas públicas son insuficientes
De su lado, la directora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Lourdes Contreras, señala que las políticas públicas aplicadas por el Estado frente a una problemática social de la envergadura de la violencia de género han resultado insuficientes.
Entiende que para enfrentar el flagelo con eficacia se requieren de políticas que socaven las bases de la cultura de dominación masculina, que crea la idea de que el hombre es superior a la mujer. “Si las políticas no van en dirección a romper eso, a quitar ese pensamiento, pues esas políticas van a ser insuficientes, aún en la atención al problema fueran buenas, que no lo son, porque no hay políticas preventivas adecuadas, no hay políticas de atención adecuadas, y tampoco de justicia adecuada”, afirma.
La experta cree que con la reciente aprobación del Código Penal el país ha retrocedido 130 años, y que aunque la pieza tipifica el feminicidio, a su juicio, lo hace de manera incompleta. “Feminicidio no es sólo la muerte o asesinato de una mujer a manos de su marido, o ex marido, es también el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer”, dijo.
Otro aspecto que critica es el hecho de que en el Código se penalice el aborto en todas sus condiciones sin importar que la mujer se encuentre frente a un embarazo que lesiona sus condiciones de vida, ya sea por enfermedad, como fruto de una violación sexual dentro o fuera del hogar o por una relación incestuosa.
“La situación de angustia, de dolor y de impotencia que siente una mujer frente a un embarazo cuando la ley le impide deshacerse de un embarazo que ella no quiere llevar a término es tremenda”.
Cree que los congresistas no pueden seguir legislando en base a preceptos religiosos sino en beneficio de la sociedad, por lo que abogó por un Estado laico.
Contreras dijo que además de la Ley de Protección, Sanción y Erradicación de la violencia contra la mujer, que crearía un sistema de protección ante casos de violencia, también el país adolece de una ley de Salud Sexual y Reproductiva.
Entiende que la violencia contra la mujer también se manifiesta en el ámbito laboral con la discriminación salarial y en la asignación de funciones en el hogar y fuera de el por lo que se debe luchar contra todas sus expresiones: “Por eso un 25 de noviembre, día en que conmemoramos un aniversario más del asesinato de Patria, Minerva y María Teresa, estamos llamando a fortalecer la capacidad de respuesta de la violencia contra las mujeres, a luchar contra todas las expresiones de la violencia”.
Ley de Protección a la Mujer sigue estancada
El proyecto de Ley Integral de Protección, Erradicación y Sanción a la Violencia contra las Mujeres que se viene discutiendo desde hace tres años, y que delega en cada uno de los actores que intervienen en el tema las responsabilidades y la correspondiente asignación de recursos, sigue estancada en el Congreso Nacional. La pieza, plantea una solución al problema de los huérfanos del feminicidio y de aprobarse va a ser una de las leyes más modernas de América Latina, según las instituciones que han participado en su elaboración.
Lanza proyecto incentiva la masculinidad positiva
La Procuraduría lanza un proyecto que promueve relaciones saludables y de equidad entre hembras y varones, en el que universidades, el Consejo de la Empresa Privada (Conep) y las principales centrales sindicales, se van a adherir al protocolo contra la violencia doméstica y el acoso sexual en el lugar de empleo, que busca desaprender las conductas patriarcales que hacen que los hombres crean que las mujeres son de su propiedad.
Homicidios de mujeres y feminicidios Se habían producido de enero a octubre de este año según cifras de la Procuraduría.
No obstante, 54 años después de la tragedia que conmocionó al país y al mundo, cientos de mujeres siguen siendo víctimas de la violencia machista, para engrosar las cifras mortales, que a octubre de este año, registraban 149 homicidios de mujeres, según datos del Departamento de Estadísticas de la Procuraduría General de la República.
En el caso específico de los feminicidios, o asesinato de mujeres a manos de sus parejas, se registra un alza con respecto al año pasado que cerró con 71 muertes, y que a octubre de este año sumaban las 72. Al analizar las estadísticas, se infiere que los meses más sangrientos fueron marzo, junio y octubre con catorce y diez muertes respectivamente; y las provincias Santo Domingo, Santiago y el Distrito donde se produjo la mayor cantidad de casos.
Más de 50 mil denuncias
En tanto, de enero a agosto de este año, las 17 Unidades de Atención a Víctimas de Violencia habían recibido 45,700 denuncias por todos los tipos de violencia de género e intrafamiliar (física, verbal y psicológica y patrimonial).
Mientras que, en el caso de los delitos sexuales (agresiones, violaciones, acoso, incesto y seducción de menores) se habían registrado 5,850 casos.
Hasta agosto de este año se habían emitido 11,570 órdenes de protección.
Un problema multicausal que requiere respuestas multisectoriales
Para la Procuradora Adjunta para Asuntos de la Mujer, Rosanna Reyes, desde el Ministerio Público se hacen los esfuerzos para que las cifras no superen las 100 muertes y que el país siga teniendo una de las tasas más bajas de feminicidios de América Latina, de 3 por cada 100 mil mujeres.
Sin embargo, entiende que un problema tan complejo, como es la violencia doméstica, va más allá del sistema de justicia penal, que viene a ser el último eslabón de la cadena “porque cuando la mujer viene donde nosotros o va a la Policía, es porque ya ha pasado varias veces por un hospital, o por una policlínica o por una clínica privada. Uno tiene que preguntarse cómo es que un hombre o una mujer en esta sociedad se convierten en víctimas o agresores”.
Sostiene que la violencia contra la mujer es un problema multicausal que requiere de una respuesta intersectorial en un país en el que predomina una cultura machista, donde el hombre controla y domina. “Mientras no cambiemos los esquemas de relación entre hombres y mujeres, desde niños que aprendemos a leer y a escribir, éste va a ser un problema muy complicado de resolver porque el Ministerio Público toma sus medidas, la Justicia toma sus medidas pero es un problema estructural, sistémico. Fíjate que en este país los hombres dejan a las mujeres y no pasa nada, pero cuando es al revés, ellos salen a matarlas”, afirma.
En ese sentido, señala que el Estado enfrenta grandes desafíos para el fortalecimiento de la prevención de la violencia, con el involucramiento de los sectores Salud, Educación y Cultura.
“Eso tiene que fortalecerse y trabajarse. A través de la música, del arte, la cultura, etcétera. A través de la educación, desde que los niños aprenden a leer y a escribir, porque hay publicidad que agrede a la mujer, géneros artísticos que agreden, medios de comunicación que presentan programas que agreden a las mujeres, entonces todo eso no es responsabilidad del Ministerio Público”.
80% no denuncia a agresores
Reyes sostiene que todavía se mantiene la constante de que el 80% de las mujeres que mueren a manos de sus parejas no lo denuncian ante ninguna autoridad “y no lo hacen porque no creen que el hombre es capaz de matarla, y segundo, porque no se reconocen como víctimas y no buscan ayuda”, afirma.
Señala que pese a las limitaciones presupuestarias, el Ministerio Público sigue trabajando para mejorar la respuesta y la calidad de servicio de atención en todo el territorio, incluyendo las 17 unidades de atención integral, con el nombramiento gradual de alguaciles y mensajeros.
“Una de las cosas en que hemos insistido en el Ministerio Público, a través de las directrices del Procurador General, Francisco Domínguez Brito, es que la gestión de la denuncia, de la orden de arresto, de alejamiento, u órdenes de protección, así como la citación, no quede a cargo de la víctima sino del Ministerio Público y de la Policía porque hacer esto es revictimizar a la mujer y ponerla en alto riesgo”, apunta.
Políticas públicas son insuficientes
De su lado, la directora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Lourdes Contreras, señala que las políticas públicas aplicadas por el Estado frente a una problemática social de la envergadura de la violencia de género han resultado insuficientes.
Entiende que para enfrentar el flagelo con eficacia se requieren de políticas que socaven las bases de la cultura de dominación masculina, que crea la idea de que el hombre es superior a la mujer. “Si las políticas no van en dirección a romper eso, a quitar ese pensamiento, pues esas políticas van a ser insuficientes, aún en la atención al problema fueran buenas, que no lo son, porque no hay políticas preventivas adecuadas, no hay políticas de atención adecuadas, y tampoco de justicia adecuada”, afirma.
La experta cree que con la reciente aprobación del Código Penal el país ha retrocedido 130 años, y que aunque la pieza tipifica el feminicidio, a su juicio, lo hace de manera incompleta. “Feminicidio no es sólo la muerte o asesinato de una mujer a manos de su marido, o ex marido, es también el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujer”, dijo.
Otro aspecto que critica es el hecho de que en el Código se penalice el aborto en todas sus condiciones sin importar que la mujer se encuentre frente a un embarazo que lesiona sus condiciones de vida, ya sea por enfermedad, como fruto de una violación sexual dentro o fuera del hogar o por una relación incestuosa.
“La situación de angustia, de dolor y de impotencia que siente una mujer frente a un embarazo cuando la ley le impide deshacerse de un embarazo que ella no quiere llevar a término es tremenda”.
Cree que los congresistas no pueden seguir legislando en base a preceptos religiosos sino en beneficio de la sociedad, por lo que abogó por un Estado laico.
Contreras dijo que además de la Ley de Protección, Sanción y Erradicación de la violencia contra la mujer, que crearía un sistema de protección ante casos de violencia, también el país adolece de una ley de Salud Sexual y Reproductiva.
Entiende que la violencia contra la mujer también se manifiesta en el ámbito laboral con la discriminación salarial y en la asignación de funciones en el hogar y fuera de el por lo que se debe luchar contra todas sus expresiones: “Por eso un 25 de noviembre, día en que conmemoramos un aniversario más del asesinato de Patria, Minerva y María Teresa, estamos llamando a fortalecer la capacidad de respuesta de la violencia contra las mujeres, a luchar contra todas las expresiones de la violencia”.
Ley de Protección a la Mujer sigue estancada
El proyecto de Ley Integral de Protección, Erradicación y Sanción a la Violencia contra las Mujeres que se viene discutiendo desde hace tres años, y que delega en cada uno de los actores que intervienen en el tema las responsabilidades y la correspondiente asignación de recursos, sigue estancada en el Congreso Nacional. La pieza, plantea una solución al problema de los huérfanos del feminicidio y de aprobarse va a ser una de las leyes más modernas de América Latina, según las instituciones que han participado en su elaboración.
Lanza proyecto incentiva la masculinidad positiva
La Procuraduría lanza un proyecto que promueve relaciones saludables y de equidad entre hembras y varones, en el que universidades, el Consejo de la Empresa Privada (Conep) y las principales centrales sindicales, se van a adherir al protocolo contra la violencia doméstica y el acoso sexual en el lugar de empleo, que busca desaprender las conductas patriarcales que hacen que los hombres crean que las mujeres son de su propiedad.
Homicidios de mujeres y feminicidios Se habían producido de enero a octubre de este año según cifras de la Procuraduría.
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