Varias organizaciones de la oposición lanzaron este domingo un movimiento para hacer frente al gobierno del presidente Danilo Medina, a cuyo partido acusan de perpetuarse en el poder y de no satisfacer las demandas de la mayoría de la población de República Dominicana.
Los diferentes grupos y representantes de organizaciones de la sociedad civil se comprometieron a “seguir trabajando por la unidad de las diversas fuerzas democráticas y progresistas que anhelan cambios sustanciales en la sociedad dominicana”.
“Desbloquear el sistema político para poner las instituciones del Estado al servicio de la gente, satisfaciendo las necesidades colectivas, en vez de servir a los intereses particulares de una casta política que se ha apropiado de la institucionalidad, es un imperativo urgente para que desde las instituciones públicas se trabaje por la equidad y el desarrollo humano”, señaló el movimiento en una declaración.
El grupo está conformado por organizaciones principalmente de izquierda como el Frente Amplio, la Red de Acción Política y el Movimiento Rebelde, además de una facción del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el principal de la oposición, aunque dividido por pugnas internas.
El movimiento anunció un proceso de “convergencia por un mejor país” que buscará respaldar las reivindicaciones y demandas sociales, desbloquear el sistema político y ejercer una auténtica oposición al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del presidente Medina.
“Nos opondremos al continuismo del PLD, cuyas intenciones se han expresado no sólo en las declaraciones de sus principales dirigentes, sino en la captura del Estado, la anulación de la democracia y la frustración de cualquier esfuerzo democrático en el país”, dijo el conglomerado.
El grupo agregó que actuará desde la incidencia pública y desde la movilización, apoyando a todo el que tenga una justa reivindicación y demanda frente al Estado, en una estrategia de solidaridad y colaboración.
Medina cumplió el pasado 16 de agosto su primer año en el poder, con un alta tasa de popularidad entre la población que espera, sin embargo, un repunte de la economía tras un año de austeridad, y acciones más eficaces contra la impunidad y la corrupción.
El actual mandatario heredó el poder de su compañero de partido, Leonel Fernández, quien el año pasado puso fin a su segundo gobierno consecutivo y al tercero de su ejercicio presidencial, con el 70% de aprobación.
Pero el respaldo al ex gobernante cambió se supo que su administración dejó un déficit fiscal de 187.000 millones de pesos (5.000 millones de dólares), lo que lo convirtió en blanco de ataques de la oposición y de una gran parte de la ciudadanía.
Fernández y tres de sus funcionarios fueron demandados por ser los supuestos responsables de la crisis económica y por corrupción, pero la Procuraduría desestimó la acusación casi a finales de año.
Debido al déficit, el gobierno de Medina se vio obligado a promulgar una controvertida ley para recaudar unos 46.000 millones de pesos (1.164 millones de dólares) y poner en vigencia un nuevo marco fiscal que fue rechazado por un importante sector de la población.
La reforma tributaria, que entró en vigencia el 10 de diciembre e incluyó una amnistía fiscal, fue origen de varias manifestaciones en todo el país, en una de las cuales se produjo la muerte de un estudiante universitario.
En abril pasado, el gobierno anunció que reactivará la economía nacional con un aumento de la inversión en infraestructura en el segundo semestre de este año, tras aplicar un plan de austeridad y de control del gasto público.
La medida fue respaldada con la liberación de 20.000 millones de pesos (487,8 millones de dólares) del encaje legal, la obligación que tienen las entidades de intermediación financiera de mantener en el Banco Central (o donde lo disponga) un porcentaje de la totalidad de los fondos captados.
La oposición acusa a Medina de mantener un modelo económico que acentúa la desigualdad social y de no encarar los verdaderos problemas nacionales, además de permitir la corrupción en las instituciones del Estado. Fin
Los diferentes grupos y representantes de organizaciones de la sociedad civil se comprometieron a “seguir trabajando por la unidad de las diversas fuerzas democráticas y progresistas que anhelan cambios sustanciales en la sociedad dominicana”.
“Desbloquear el sistema político para poner las instituciones del Estado al servicio de la gente, satisfaciendo las necesidades colectivas, en vez de servir a los intereses particulares de una casta política que se ha apropiado de la institucionalidad, es un imperativo urgente para que desde las instituciones públicas se trabaje por la equidad y el desarrollo humano”, señaló el movimiento en una declaración.
El grupo está conformado por organizaciones principalmente de izquierda como el Frente Amplio, la Red de Acción Política y el Movimiento Rebelde, además de una facción del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), el principal de la oposición, aunque dividido por pugnas internas.
El movimiento anunció un proceso de “convergencia por un mejor país” que buscará respaldar las reivindicaciones y demandas sociales, desbloquear el sistema político y ejercer una auténtica oposición al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del presidente Medina.
“Nos opondremos al continuismo del PLD, cuyas intenciones se han expresado no sólo en las declaraciones de sus principales dirigentes, sino en la captura del Estado, la anulación de la democracia y la frustración de cualquier esfuerzo democrático en el país”, dijo el conglomerado.
El grupo agregó que actuará desde la incidencia pública y desde la movilización, apoyando a todo el que tenga una justa reivindicación y demanda frente al Estado, en una estrategia de solidaridad y colaboración.
Medina cumplió el pasado 16 de agosto su primer año en el poder, con un alta tasa de popularidad entre la población que espera, sin embargo, un repunte de la economía tras un año de austeridad, y acciones más eficaces contra la impunidad y la corrupción.
El actual mandatario heredó el poder de su compañero de partido, Leonel Fernández, quien el año pasado puso fin a su segundo gobierno consecutivo y al tercero de su ejercicio presidencial, con el 70% de aprobación.
Pero el respaldo al ex gobernante cambió se supo que su administración dejó un déficit fiscal de 187.000 millones de pesos (5.000 millones de dólares), lo que lo convirtió en blanco de ataques de la oposición y de una gran parte de la ciudadanía.
Fernández y tres de sus funcionarios fueron demandados por ser los supuestos responsables de la crisis económica y por corrupción, pero la Procuraduría desestimó la acusación casi a finales de año.
Debido al déficit, el gobierno de Medina se vio obligado a promulgar una controvertida ley para recaudar unos 46.000 millones de pesos (1.164 millones de dólares) y poner en vigencia un nuevo marco fiscal que fue rechazado por un importante sector de la población.
La reforma tributaria, que entró en vigencia el 10 de diciembre e incluyó una amnistía fiscal, fue origen de varias manifestaciones en todo el país, en una de las cuales se produjo la muerte de un estudiante universitario.
En abril pasado, el gobierno anunció que reactivará la economía nacional con un aumento de la inversión en infraestructura en el segundo semestre de este año, tras aplicar un plan de austeridad y de control del gasto público.
La medida fue respaldada con la liberación de 20.000 millones de pesos (487,8 millones de dólares) del encaje legal, la obligación que tienen las entidades de intermediación financiera de mantener en el Banco Central (o donde lo disponga) un porcentaje de la totalidad de los fondos captados.
La oposición acusa a Medina de mantener un modelo económico que acentúa la desigualdad social y de no encarar los verdaderos problemas nacionales, además de permitir la corrupción en las instituciones del Estado. Fin
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