El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, fue sometido ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) por desacato a una sentencia con categoría de lo irrevocablemente juzgado y que le obligaba a desprenderse de informaciones sobre su cuerpo de asesores y las remuneraciones percibidas por éstos.
La querella fue formalizada el pasado 15 de febrero, por el abogado Víctor Muñoz Hernández, en representación de su hermano, el arquitecto Manuel Muñoz Hernández.
El querellante argumenta que Martínez se ha negado a cumplir con la sentencia 166-2011, del 28 de diciembre del 2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, así como la TC/0042/12, del 21 de septiembre del 2012, emitida por el Tribunal Constitucional.
La última ratifica la primera, que condena a Martínez a cumplir con el artículo 30 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (200-04) y el 114 del Código Penal Dominicano, respecto a los detalles requeridos por Hernández concernientes a sus funciones en la Cámara de Diputados.
Hernández inició al proceso el 26 de mayo del 2011, con un recurso de amparo elevado ante el Tribunal Superior Administrativo, el cual le dio ganancia de causa, siendo posteriormente ratificada la sentencia por Tribunal Constitucional, a donde recurrió Martínez alegando que violación de la Constitución con la pretensión de obligarlo a ofrecer informaciones sobre sus asesores.
Por el desacato en que incurre Martínez, el accionante, constituido en actor civil, pide a la Suprema Corte de Justicia condenarle a seis meses de prisión y al pago 20 millones de pesos de indemnización “como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados”.
En la sentencia aplicable a Martínez, se fija el pago de una astreinte de 1,000 pesos por cada día de incumplimiento del fallo judicial.
La querella fue formalizada el pasado 15 de febrero, por el abogado Víctor Muñoz Hernández, en representación de su hermano, el arquitecto Manuel Muñoz Hernández.
El querellante argumenta que Martínez se ha negado a cumplir con la sentencia 166-2011, del 28 de diciembre del 2011, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, así como la TC/0042/12, del 21 de septiembre del 2012, emitida por el Tribunal Constitucional.
La última ratifica la primera, que condena a Martínez a cumplir con el artículo 30 de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (200-04) y el 114 del Código Penal Dominicano, respecto a los detalles requeridos por Hernández concernientes a sus funciones en la Cámara de Diputados.
Hernández inició al proceso el 26 de mayo del 2011, con un recurso de amparo elevado ante el Tribunal Superior Administrativo, el cual le dio ganancia de causa, siendo posteriormente ratificada la sentencia por Tribunal Constitucional, a donde recurrió Martínez alegando que violación de la Constitución con la pretensión de obligarlo a ofrecer informaciones sobre sus asesores.
Por el desacato en que incurre Martínez, el accionante, constituido en actor civil, pide a la Suprema Corte de Justicia condenarle a seis meses de prisión y al pago 20 millones de pesos de indemnización “como justa reparación por los daños y perjuicios ocasionados”.
En la sentencia aplicable a Martínez, se fija el pago de una astreinte de 1,000 pesos por cada día de incumplimiento del fallo judicial.
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