En República Dominicana muere una mujer cada dos días durante o poco después del embarazo, por lo que el país “tiene una de las razones de mortalidad materna más altas de la región”, de acuerdo con Matilde Pinto, la asesora regional en Economía y Planificación en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Pinto se encuentra en el país con motivo de la reunión sobre “Salud reproductiva y maternidad saludable: legislación nacional en conformidad con el Derecho Internacional de derechos humanos”, organizado por la OPS, que convoca a legisladores y expertos en diferentes áreas de políticas públicas con el propósito de “identificar las brechas entre las legislaciones nacionales y los compromisos que emanan del derecho internacional”.
“En la región de las Américas se mueren cada año 9,500 mujeres por causas asociadas con el embarazo, la situación es grave”, indicó Pinto, quien enfatizó que el 95% de esas muertes son fácilmente prevenibles. Aún más alarmantes son las cifras sobre la mortalidad neonatal, pues anualmente mueren en la región 70,000 niños recién nacidos y “el 70% de esas muertes también es prevenible con el conocimiento que hoy día existe”.
Explicó que las causas de muerte de neonatos más frecuentes son las infecciones y asfixia “que son perfectamente atendibles con tecnologías muy baratas”. Mientras que en el caso de la mortalidad materna la primera razón es la hipertensión (presión alta) durante el parto o posparto, lo cual, de acuerdo a Pinto, puede ser controlado si se logra identificar el problema oportunamente.
Luego, un 20% de las mujeres fallece por hemorragias posparto, cuando en muchos países existe la sangre disponible para la transfusión pero no se hacen las gestiones a tiempo; y un 13% muere por abortos inseguros, ya sean inducidos o espontáneos.
La República Dominicana es signataria de diversos acuerdos internacionales que le obligan a garantizar en sus políticas públicas el derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva, derecho a la vida, derecho a una vida privada, derecho a la integridad personal, derecho a la salud sexual y reproductiva y derecho a la planificación familiar. Sin embargo, algunas disposiciones jurídicas y políticas públicas no se corresponden con estos derechos.
De acuerdo con asesor regional de Derechos Humanos para la OPS, Javier Vásquez, “cuando los Estados ratifican estos tratados incorporan en la mayoría de los casos estas disposiciones en su legislación interna”; pero aun en caso de no hacerlo el Estado tiene “obligaciones en el sistema interamericano de derechos humanos”. Señaló que dos de los acuerdos más importantes en materia de derechos reproductivos son la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño.
Esto significa que una violación por parte del Estado a alguno de estos derechos puede ser llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
Vásquez aseguró, por ejemplo, que “el derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva no debe ser restringido por los Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Pinto se encuentra en el país con motivo de la reunión sobre “Salud reproductiva y maternidad saludable: legislación nacional en conformidad con el Derecho Internacional de derechos humanos”, organizado por la OPS, que convoca a legisladores y expertos en diferentes áreas de políticas públicas con el propósito de “identificar las brechas entre las legislaciones nacionales y los compromisos que emanan del derecho internacional”.
“En la región de las Américas se mueren cada año 9,500 mujeres por causas asociadas con el embarazo, la situación es grave”, indicó Pinto, quien enfatizó que el 95% de esas muertes son fácilmente prevenibles. Aún más alarmantes son las cifras sobre la mortalidad neonatal, pues anualmente mueren en la región 70,000 niños recién nacidos y “el 70% de esas muertes también es prevenible con el conocimiento que hoy día existe”.
Explicó que las causas de muerte de neonatos más frecuentes son las infecciones y asfixia “que son perfectamente atendibles con tecnologías muy baratas”. Mientras que en el caso de la mortalidad materna la primera razón es la hipertensión (presión alta) durante el parto o posparto, lo cual, de acuerdo a Pinto, puede ser controlado si se logra identificar el problema oportunamente.
Luego, un 20% de las mujeres fallece por hemorragias posparto, cuando en muchos países existe la sangre disponible para la transfusión pero no se hacen las gestiones a tiempo; y un 13% muere por abortos inseguros, ya sean inducidos o espontáneos.
La República Dominicana es signataria de diversos acuerdos internacionales que le obligan a garantizar en sus políticas públicas el derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva, derecho a la vida, derecho a una vida privada, derecho a la integridad personal, derecho a la salud sexual y reproductiva y derecho a la planificación familiar. Sin embargo, algunas disposiciones jurídicas y políticas públicas no se corresponden con estos derechos.
De acuerdo con asesor regional de Derechos Humanos para la OPS, Javier Vásquez, “cuando los Estados ratifican estos tratados incorporan en la mayoría de los casos estas disposiciones en su legislación interna”; pero aun en caso de no hacerlo el Estado tiene “obligaciones en el sistema interamericano de derechos humanos”. Señaló que dos de los acuerdos más importantes en materia de derechos reproductivos son la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño.
Esto significa que una violación por parte del Estado a alguno de estos derechos puede ser llevada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
Vásquez aseguró, por ejemplo, que “el derecho a la información en materia de salud sexual y reproductiva no debe ser restringido por los Estados partes de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
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