El ingeniero Luis Sifres, ex-director de la Oficina de Ingenieros
Supervisores de Obras del Estado (OISOE), ha sido citado para comparecer
este martes a la Tercera Sala del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Nacional, luego de que fuera sometido por falta de pago por la empresa
constructora que participó en la terminación del centro regional de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Mao.
Sifres enfrentará una demanda interpuesta por la compañía Ingenieros
Liberato y Asociados, la que lo acusa deincumplimiento de contrato y
supuestamente violar varios principios de la ley 340-06 sobre Compras y
Contrataciones Públicas.
El ingeniero Miguel Liberato informó que está demandado al
ex-director de la OISOE luego de que éste, duran te casi un año, se
negara a pagar los trabajos ejecutados por su empresa en el referido
centro regional de la UASD.
El constructor demanda una indemnización de 35 millones de pesos como
justa reparación por los daños y perjuicios que asegura les fueron
ocasionados por el destituido director de la OISOE.
Liberato explicó que su empresa invirtió recursos de proyectos
privados en la terminación de la citada obra, luego de que Sifres, en
presencia de todos los contratistas que laboraron en la terminación del
citado centro universitario, se comprometiera a realizar el pago de las
cubicaciones.
El empresario de la construcción subrayó que el “los funcionarios que
están al frente de las instituciones del Estado acostumbran a infringir
los derechos y garantías de los ciudadanos y ante ello procuramos la
protección de los mismos acudiendo al poder judicial, cuyo acceso está
garantizado por la Constitución y por instrumentos internacionales que
forman parte de nuestro derecho positivo”.
Liberato resaltó que el sometimiento también se fundamenta en el
artículo 148 de la Constitución de la República el cual establece que
“las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes
serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la
ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o
jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”.
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