Los nombres de importantes ejecutivos, nacionales y extranjeros,
vinculados al sector energético, figuran en el sometimiento judicial que
el Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (FONPER) ha llevado a los
tribunales. Afirmando en el documento acusatorio la existencia de un
“complot”, estas personas deberán ser investigadas por la fiscal del
Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
En el acta de acusación presentada por la institución estatal contra
las generadoras de electricidad Haina, S.A (EGE-Haina) e ITABO, S. A.
(EGE-ITABO) se afirma que “hay indicios serios que justifican que el
Ministerio Público investigue la existencia de un complot, de una
asociación de malhechores, que involucra a ejecutivos de empresas
subsidiarias o vinculadas a The AES Corporation, Glencore International
AG y de su subsidiaria Xstrata, PLC, con la finalidad de apropiarse
indebidamente de miles de millones de pesos propiedad de EGE ITABO”, y,
por consecuencia, del Estado dominicano como propietario original.
En el sometimiento a EGE-HAINA se destaca que la empresa Haina
Investment Company, LTD ha recibido como compensación por gestión
administrativa “transferencia de tecnología”, un canon
de administración de 2.95 por ciento de las ventas netas de EGE-HAINA,
que ha sido inflado artificialmente, para apropiarse desde 2001 hasta
2011, en alrededor de 725,800,000 pesos que no le corresponden y deben
ser retornados al patrimonio de EGE-HAINA, en beneficio de todos sus
accionistas”.
En el documento, publicado in extenso, se afirma que
la práctica irregular de la administración de la referida empresa
consiste en calcular el canon de administración (2.95 por ciento sobre
las ventas netas), no sólo sobre la energía generada directamente por
EGE HAINA en sus plantas generadoras, y comercializada en el sistema
eléctrico nacional, sino también sobre energía que por la ineficiencia
de su administración esa empresa no ha generado, y ha adquirido a
sobreprecio en el mercado spot (normalmente a través de entidades
vinculadas), para revenderla a sus clientes a precios inferiores, como
si hubiese sido generada por EGE-HAINA, perdiendo el Estado dominicano
cuantiosos recursos como consecuencia de operaciones “altamente
onerosas, desleales, imprudentes y dolosas”.
En la querella se destaca, además, que la empresa tomaba los fondos
patrimoniales de EGE HAINA para pagar el impuesto sobre la renta que
Haina Investment Company, Ltd. debe pagar al Estado (vía la Dirección
General de Impuestos Internos).
En ese sentido, sostienen que “desde el año 2007 hasta la fecha, los
estados financieros de EGE HAINA, preparados por los propios socios
privados reflejan que por este concepto le han cargado dolosamente al
pasivo social la suma de seiscientos ochenta y seis millones quinientos
mil pesos (RD$686,500,000.00), y todo ello, a pesar de que el aludido y
cuestionado contrato de administración, en su artículo 8.1, estipula que
cada una de las partes debe correr con los gastos que tengan relación
con la preparación del contrato o con la consumación de las
transacciones en él previstas, sin que la otra parte tenga ninguna
responsabilidad en ello”.
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