La directora del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Altagracia Paulino, rehusó dar nombres de marcas de embutidos que arrojaron tener heces fecales porque determinaron que algunas etiquetas de los productos eran falsificadas. Adujo que revelar los nombres sería cometer una injusticia contra una empresa que le han falsificado la etiqueta de su producto y colocado a otro fabricado de manera clandestina.
Sostuvo que la baja en la venta de los salamis es “un ventarrón que es para bien de todos porque ahora las empresas tendrán la oportunidad de demostrar cuales cumplen con las normas de calidad para producir embutidos".
Paulino está de acuerdo con que se realice un nuevo estudio a los salchichones producidos en el país, pero solicitó que se use el mismo protocolo utilizado por Proconsumidor en la investigación para que no haya distorsión.
"Estamos totalmente de acuerdo con que se repita el estudio para ser justos", dijo la funcionaria, quien ha recibido presiones desde el Gobierno y de la industria cárnica, por la forma en que se reveló que el 97%de la muestra del estudio que realizó Proconsumidor a los embutidos no conteníala cantidad de proteína requerida, y el 15% contenía coliformes fecales o E.Coli. Además de altas concentraciones de nitrito y nitrato de sodio (sustancia cancerígena) y MDM.
Las instituciones que investigan la baja calidad del salami incurren en una falta frente a diversos acuerdos internacionales de los que el país forma parte, al negarse a citar los nombres de las marcas, según opinan expertos en la materia.
Plantean que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta) obliga a República Dominicana a seguir un proceso de transparencia fitosanitaria, cuando haya un caso como el del salami, actualmente, y a realizar las notificaciones correspondientes, tomando en cuenta que esto puede constituirse en una amenaza para la salud de los consumidores dominicanos y fuera del país.
Los expertos aseguran que las autoridades del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), ni de ninguna institución con responsabilidad en el manejo del tema puede escudarse en la confidencialidad que le otorga el artículo 121, de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, para no dar los nombres de los tipos de salamis no aptos para consumo, porque en este caso “se trata de un asunto que pudiera afectar la salud de la gente”.
El primer requisito en comercio internacional cuando existe un problema fitosanitario en un país es que éste realice labores de publicidad y de notificación ante la Organización Mundial del Comercio, aseveraron.
En definitiva, lo que sugieren los expertos es “seguir las reglas para evitar el descrédito de República Dominicana”.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la OMS tienen una guía para la aplicación de los principios de análisis de riesgos y en situaciones sobre seguridad de los alimentos.
Esa guía cita que frente a una cuestión que envuelve la alimentación no se debe subestimar la gravedad de la situación y que debe indicarse tan claramente como sea posible para el público.
Plantea también que se debe indicar cuáles son los riesgos del producto y lo que debe hacer el público si lo ha consumido.
Ayer el consejo de Pro Consumidor respaldó incondicionalmente las acciones de su directora, Altagracia Paulino, para evaluar la calidad e inocuidad del salami fabricado por empresas de RD.
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