Empleadores advierten que peligra el Seguro Social

El presidente de la Confederación Patronal Dominicana (COPARDOM), Jaime González, externó su preocupación por el “incumplimiento” del mandato de la Ley 87-01 por parte entidades o funcionarios.

Aclaró esa legislación se basa en la universalidad, la integralidad y la solidaridad para todos los dominicanos y ordena que un ente rector tripartito dirija y conduzca el sistema a través de políticas mediante las cuales regula su desempeño y el funcionamiento de sus instituciones.

”Es altamente preocupante para el sector empleador que entidades o funcionarios del sistema incumplan el mandato de la ley e inicien acciones que rompan con los principios de subordinación que necesariamente tiene que existir en el SDSS como un conjunto o, que impulsen iniciativas que quiebran el equilibrio financiero del mismo”, expresó.

Sostuvo que el SDSS está diseñado con tres regímenes de financiamiento para integrar a la población de acuerdo a su capacidad contributiva.

“La inclusión de afiliados a los regímenes establecidos no puede vulnerarse ya que el equilibrio del SDSS no debe depender de posiciones o criterios políticos” enfatizó el presidente de COPARDOM.

A su juicio, los señalamientos recientes hechos a dos ARS públicas deben ser atendidos con urgencia para garantizar la sostenibilidad del sistema y deben ser discutidos en los espacios institucionales previstos por la ley 87-01, de acuerdo a la “subordinación” de sus entidades al CNSS y atendiendo las responsabilidades de cada sector en el SDSS.

González manifestó que hoy se presentan grandes retos en el SDSS como el inicio de la atención primaria como puerta de acceso al sistema y barrera de contención de costo así como la correcta afiliación de trabajadores en los regímenes.

“Para estudiar la posible ampliación de su cobertura, entendemos adecuado que se escuchen las recomendaciones de expertos y entidades como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) quienes deben respetar los mandatos de la Ley 87-01 y abordar en su justa dimensión que los derechos y prestaciones de muchos no están garantizados por la incapacidad del Estado de cotizar por estos trabajadores”, concluyó.