Las autoridades de la República Dominicana deben nombrar de manera urgente y prioritaria un Defensor del Pueblo que sea responsable de salvaguardar los derechos humanos de la población, dijo Amnistía Internacional (AI). En una carta conjunta con 25 organizaciones de derechos humanos locales, dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, argumentan que la creación de la oficina de ese puesto facilitaría la denuncia e investigación de abusos a los derechos humanos en el país.
“A once años de la aprobación de la ley por la que se creó la figura institucional del Defensor del Pueblo, y después que la constitución de 2010 incluyera expresamente mención de esta institución, creemos que ya es tiempo de que se nombre a quien tendrá esta importante labor,” dijo Javier Zúñiga, asesor especial de AI.
Expresó que en numerosas ocasiones y ante la Organización de las Naciones Unidas, las autoridades de la República Dominicana se comprometieron a crear la oficina del Defensor del Pueblo.
Zúñiga agregó que nivel nacional, legisladores dominicanos establecieron en el preámbulo de la Ley 19-01 “que la figura del Protector del Ciudadano, Defensor del Pueblo u Ombudsman se ha convertido en un valioso instrumento para defender los derechos del ciudadano frente a la administración del Estado y a cualquier entidad prestadora de servicio público.”
Resaltó que el hecho de que 25 organizaciones dominicanas unieron sus voces para exigir el nombramiento de esa figura es un indicador elocuente de que el país necesita una institución independiente para la salvaguarda de los derechos constitucionales de la ciudadanía y la investigación de posibles abusos cometidos por funcionarios públicos.
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