El Seguro Nacional de Salud (Senasa) no está en quiebra, pero enfrenta dificultades económicas debido a que en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) permitió un “descreme” que enviaba los afiliados jóvenes que no se enferman a las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS) privadas y los pensionados y pobres que se enferman más y tienen bajo salario a la ARS estatal. La directora del Senasa, Altagracia Guzmán Marcelino, acusó al superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Fernando Caamaño, de desacato a la ley, al no cumplir la sentencia evacuada por la Suprema Corte de Justicia, que ordena afiliar al Senasa a todos los empleados públicos. Esta sentencia tiene fecha del 15 de febrero de este año.
Guzmán Marcelino dijo que el Senasa recibió RD$500 millones que le fueron inyectados por el Gobierno a través del presupuesto complementario, aunque en la totalidad, el aval del Senasa es de RD$2,351 millones, por lo que garantizó la cobertura y servicios de salud a los afiliados, tanto de las clínicas como de los hospitales, laboratorios y centros diagnósticos.
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