Descendientes de haitianos nacidos en RD cuestionaron ayer qué tipo de sociedad se busca construir en el país, al negarse mediante una circular de Migración que los extranjeros ilegales sean aceptados en los centros educativos y aseguraron que esto puede generar más delincuencia. Como cada día 12, un grupo se apostó frente a la Junta Central Electoral (JCE) para exigir la revocación de la resolución 12-07 que les dificulta obtener una acta de nacimiento al aplicarse de manera retroactiva. “Muchos de los que están aquí no pueden trabajar y tienen que dedicarse a trabajar en casa de familia, a ser chiriperos, a vender agua, a limpiar cristales en las calles, porque nadie los acepta si no tienen una cédula de identidad”, dijo Ana María Belique, del grupo Reconoci.do.
El sociólogo Antinoe Fiallo aseguró que, de aplicar la resolución migratoria y preparar una generación sin educación, se podría incrementar la modalidad de violencia urbana buscando subsistencia. “Puede ser que se incrementen los fenómenos de segregación urbana… y que surjan modalidades de educación alternativa estimuladas por organizaciones sociales y populares que decidan que van a abrir nuevos espacios para que esas personas tengan sus derechos y se comiencen a constituir escuelas populares con trabajo voluntario”, aseguró.
Mientras, que la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), María Jesús Conde, dijo que aunque no puede opinar porque se trata de una discusión entre instituciones, apela a que se respeten los derechos humanos y los acuerdos internacionales.
Melanio Paredes, ex ministro de Educación, solicitó al presidente Leonel Fernández, dejar sin efecto la disposición administrativa de Migración, porque la realidad de los niños descendientes de haitianos, en el país, es más que un problema legal, un problema social y humano que no se resuelve con una simple resolución burocrática.
De su lado, Sonia Adames, representante del Centro Bonó, dijo que en el país se está aplicando el “Código HH: Hijos de haitianos”, para tomar medidas fascistas, racistas, discriminatorias y que vulneran los derechos humanos.
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