Danilo Medina, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) supera con creces la inversión en publicidad de Hipólito Mejía, nominado por el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD), según el “Cuarto informe de observación electoral” de Participación Ciudadana (PC).
Analizados los datos sobre el contenido de propaganda electoral en los medios de comunicación electrónicos y escritos, se encontró que la inversión total supera los 58.8 millones de pesos y que el 67% va a la televisión y el 19.4% a la radio.
Por partido y candidato, Medina y el PLD colocan el 69.7% de las cuñas publicitarias, seguido de Hipólito Mejía y el PRD, con unos 11.9 millones, para un 20.2%; y en tercer lugar aparece Dominicanos por el Cambio, que destinó que gastó el equivalente a 5.4% del total.
Asimismo, las candidaturas de la Unión Demócrata Cristiana y del Frente Amplio superan el 1% y las de Alianza País, Partido Revolucionario Independiente y Partido Democrático Institucional quedan por debajo del 0.51%.
“El PLD y aliados mantienen esa primacía frente a los demás partidos en competición, en todos los medios. En el telecable su presencia es casi absoluta (99.04%); en la prensa escrita tienen poca competencia (95.33%); en la radio en Santo Domingo representan el 89.95% de los gastos de campaña”, destaca.
A través del informe, PC también lamentó que a pesar de los esfuerzos, el país está por celebrar unas elecciones sin aún contar con una ley que regule las campañas proselitistas.
El movimiento cívico, coordinado por el abogado Francisco Álvarez, considera que por el escaso interés mostrado por el liderazgo político, se descarta que la Ley Orgánica del Régimen Electoral, elaborada por técnicos de la Organización de Estados Americanos (OEA) a solicitud de la Junta Central Electoral (JCE), pueda ser conocida y aprobada por el Congreso antes de las elecciones del 20 de mayo.
No obstante, PC, dice el informe, mantiene la esperanza de que la campaña pueda ser reglamentada, en ausencia de la ley, mediante un proyecto del miembro de la JCE Eddy Olivares y otro que presentaría el propio presidente del organismo, Roberto Rosario Márquez.
Considera que esa reglamentación puede establecerse con base en el artículo 212 de la Constitución, que manda a la JCE a regular las campañas electorales.
PC acoge como bueno el mecanismo de difusión de las actas de votación sugerido por la JCE, eliminando el procedimiento anterior de “validación de actas” con el cual los partidos retrasaban la transmisión de los resultados.
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