miércoles, 18 de enero de 2012

Recomiendan cancelación y retiro forzoso de varios oficiales y alistados de la Policía

El Consejo Superior Policial recomendó al Poder Ejecutivo la cancelación, retiro forzoso y sanciones disciplinarias contra 20 miembros de esa institución, entre ellos capitanes, tenientes y alistados por la comisión de actos reñidos con las normas, incluyendo actividades de narcotráfico y extorsión.

La medida, dada a conocer este martes, había sido tomada en la reunión del Consejo Superior Policial del pasado 6 de enero.

Entre los afectados está el capitán Juan de Jesús Jiménez Familia, quien ha sido sometido a la justicia ordinaria acusado de matar de un balazo al cabo policial Félix Manuel Díaz Tiburcio y luego que alegar que repelió una agresión. Por este hecho recibieron sanciones disciplinarias los rasos Noel Martínez Hernández y Cristian Raúl Rosario Ogando.

Otro es el capitán Edicto Lora Jiménez, quien resultó herido de bala en el abdomen tras protagonizar un “mayúsculo” incidente, junto a otras personas, mientras ingería bebidas alcohólicas en “Bar el Rancho”, ubicado en la calle Principal del municipio de Monción.

Corrió con la misma suerte el capitán Rafael Medrano Urbáez, de la Unidad Antinarcóticos de la Policía en el municipio de Miches, por alegadamente proteger a un reconocido narcotraficante identificado como “Peña”.

De acuerdo al informe policial, el oficial Medrano Urbáez permitía el envío de drogas en pequeñas embarcaciones hacia Puerto Rico, pero además, a su vista los puntos de venta de estupefacientes en la zona operaban libremente.

Asimismo, el Consejo se recomendó el retiro forzoso del capitán Sergio Antonio Concepción Matías, alias “El Pinto”, por su “estrecha” relación con una banda de sicarios que operaba en la región del Cibao, principalmente en Santiago.

Dice el informe que al oficial Concepción Matías (El Pinto) se le vincula de manera directa con el hoy occiso Julio Céspedes Martínez, alias “El Indio” y su hermano Juan Carlos Céspedes Martínez, de apodo “Pimpe”.

Otro capitán, al que se le recomendó el retiro forzoso, es Ramón Alberto Montero Sánchez, al arrojar resultado positivo al consumo de cocaína.

El Consejo Superior Policial recomendó, además, el retiro forzoso del capitán José Alberto de la Cruz Castillo y sanción disciplinaria al sargento mayor Leonardo Cruz Santos. El primero se quedó con tres armas de fuego que habían sido ocupadas a ciudadanos que las portaban sin documentos; mientras que al segundo se el acusa de no informar a sus superiores de la acción que cometía el capitán.

Mientras que contra el primer teniente Alberto Colón Pérez se recomendó el retiro forzoso, por haber sido reportado como desertor de las filas de la institución, al viajar a España con un permiso de 21 días y no ha vuelto.

En tanto que recomendó la cancelación del nombramiento del primer teniente Cristóbal Montero García, por haberse comprobado que se dedicaba a extorsionar personas ligadas al narcotráfico, aprovechando su condición de miembro de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

El Consejo también recomendó el retiro forzoso del primer teniente Víctor Carrasco Cuevas, por el hecho de actuar con falta de tacto tras un simple accidente de tránsito, y llegar al extremo de disparar contra el vehículo del señor Odalis de Jesús Grullón Torres, pinchándole dos neumáticos y rompiéndole los cristales.

En tanto que al segundo teniente José Eduardo Encarnación Dicen se le recomendó la cancelación del nombramiento, por haberse comprobado que cobró la suma de 15 mil pesos a un sargento mayor y un cabo, para ayudarlos con ascensos.

También permaneció un año cobrando el salario del sargento Gilberto Antonio Gil Lugo, con el falso alegato de que lo entregaba a sus superiores, lo cual resultó ser falso.

El Consejo Superior Policial recomendó, además, el retiro forzoso del segundo teniente William Sánchez Ramírez y la baja por mala conducta de los rasos Luis Antonio Féliz Ramírez, Carlin Óliver Minyeti y Jéferson de la Rosa Valdez, por el hecho de mantener vínculos con narcotraficantes de la provincia de Azua.

Otros oficiales y alistados de la institución se encuentran suspendidos en funciones a la espera del resultado de investigaciones.

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