La corrupción impide que los recursos públicos lleguen a instituciones

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) denunció que corrupción que en estos momentos existe en el Gobierno impide que las partidas del Presupuesto Nacional vayan a las instituciones a las que legalmente están asignadas.

La entidad dijo que esto se debe a que los funcionarios tienen interés de manejar los recursos para las grandes obras de infraestructuras, que son las generadoras de grandes comisiones pagadas por los “carteles” de la construcción y las contrataciones.

Culpó de este problema al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y a las entidades del sector agua.

Llamó a los diputados que cumplan con el mandato de las leyes orgánicas del Poder Judicial, de Educación, de Educación Superior y de los Municipios y el Distrito Nacional, que establecen claramente los porcentajes del Presupuesto Nacional que les corresponden para lograr sus objetivos y misiones.

Julio César De la Rosa Tiburcio, vocero de la entidad, respalda el pedido del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, a los jueces y miembros del poder judicial a iniciar una campaña a través de las redes sociales y otros medios pidiéndoles a los diputados que cumplan con la ley y asignen el 2.66% del presupuesto al Poder Judicial.

“Es grave y preocupante lo externado por el presidente de la Suprema, que debido a las limitaciones económicas con que se desenvuelve el Poder Judicial muchos empleados de calidad han renunciado, porque desde hace cinco años no les aumentan y que una parte significativa de jueces están a la espera de ver qué pasa con el presupuesto, ya que si no ven perspectivas de aumento, piensan abandonar la carrera, para dedicarse a su profesión desde el sector privado”, indicó.

ADOCCO, reclamo de igual forma el cumplimiento del 4% del Producto Interno Bruto o el 16% del presupuesto para educación, así como el cumplimiento de la Ley de Educación Superior y la Ley de Autonomía Universitaria que establecen que a UASD se le debe asignar no menos del 5% del Presupuesto Nacional, lo que representaría unos 20 mil millones de pesos.