Los funcionarios son acusados por la parálisis de un millonario proyecto hotelero cuya edificación se levanta en la avenida George Washington casi esquina avenida Máximo Gómez, de la capital.
Además del gobernador Héctor Valdez Albizu, fueron sometidos Mayra Corominas, directora del Comité para la Realización de Activos (COPRA), y Pedro Ramón Nicolás Silverio Alvarez, gerente del Banco Central.
El autor de la querella es el empresario Víctor Pimentel Kareh, presidente de la referida empresa, quien está representado por los abogados Norberto Rondón e Ingrid Hidalgo.
En la querella, presentada por los juristas por ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, se responsabiliza a los funcionarios de violación a los artículos 174, 183, 265, 266 y 405 del Código Penal y los artículos 39, 51, 146 y 148 de la Constitución de la República.
El origen de los hechos
Según Pimentel Kareh, los hechos se remontan a 1998, cuando su empresa compró a un grupo mexicano la propiedad donde se construye el Hotel El Prado.
Agregó que de inmediato encontró la oposición de Valdez Albizu, quien estaba “obsesionado con poder disponer de esa propiedad por una supuesta acreencia” con el Banco Central.
Dijo que en esa ocasión interpuso formal querella penal contra Valdez Albizu, pero que a solicitud del presidente Leonel Fernández, que intervino luego de esos sucesos, acordó retirarla, y el mandatario dio su anuencia para que el Banco Central facilitara un préstamo para la terminación del hotel.
“Pero esa institución sólo aprobó una parte del mismo y de manera inexplicable tampoco lo desembolsó por completo, originando a que la obra se paralizara hasta el día de hoy”, indicó.
Señaló que el suceso más grave fue que el pool de bancos intermediarios que se estructuró para ese préstamo, integrado por Baninter, Mercantil, Banreservas y la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, inició un proceso de cobro por la parte desembolsada tendiente a embargo inmobiliario en contra de el hotel El Prado.
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