El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos tiene al menos cinco dominicanos entre los fugitivos más buscados, por crímenes de narcotráfico, trata de personas y fraude al seguro social de ese país (Medicaid).
Entre éstos está Amparo Altagracia Montás Hernández y su hijo Eddy Vásquez, quienes son buscados acusados de albergar a extranjeros ilegales y prostituir a mujeres en el suroeste de Florida.
La mujer y su hijo se encontraban en libertad bajo fianza y en septiembre del 2005 fueron declarados prófugos por un tribunal, que emitió la consecuente orden de arresto por intento de evasión de su enjuiciamiento.
Otro en la lista de los más buscados por el FBI es Daniel Guzmán, vinculado un fraude millonario al sistema de seguridad social de Estados Unidos conocido como Medicaid.
El fraude consistía, según el organismo persecutor, en la presentación ante el Medicaid de recetas y facturas falsas, con el objetivo de obtener reembolsos a través de una farmacia de Washington Heights. Guzmán también fue liberado bajo fianza y posteriormente dado a la fuga.
Considerado “peligroso”, otro fugitivo de la justicia estadounidense es Émerson Guzmán, supuesto miembro “importante” de una banda de narcotraficantes que operaba en Washington Heights, en Nueva York, y que era suplida directamente por el denominado “Cartel del Golfo”, de México.
Su participación consistía, según lo recogido en el portal de Internet del FBI, en transportar de grandes cantidades de cocaína desde Atlanta, Georgia a Nueva York. Se encuentra prófugo desde agosto del 2007.
También está en la lista José Vargas Santos, acusado de conspirar para distribuir heroína, crack y cocaína en la sección Hunts Point, del Bronx, Nueva York.
Vargas Santos fue acusado el 2 de noviembre del 2010, en un tribunal del Distrito Sur, de Nueva York.
Aunque no son dominicanos, sí tienen vínculos en el país los cubanos Carlos, Luis y José Benítez, quienes también engrosan la lista, por fraude al Medicare.
Los hermanos son perseguidos también en la República Dominicana, donde las autoridades han confiscado bienes millonarios, principalmente bienes raíces. Las autoridades de Miami Date, en Florida, Estados Unidos, aseguran que el fraude era cometido a través de 11 clínicas y la venta de medicamentos innecesarios para el tratamiento del VIH.
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