Someterían 2 coroneles, 4 capitanes y 9 policía por atraco a casa de Alemanes

sábado, 20 de julio de 20130 comentarios

El sometimiento a la Justicia de dos coroneles, cuatro capitanes y nueve agentes policiales que actuaron en el caso de La Mulata III de Sosúa ocurrido el 17 de octubre pasado, donde murió el alemán Peter Dietrich y se habrían sustraído RD$60.0 millones en dinero, oro, relojes y otros efecto habría sido recomendado a la jefatura de la Policía Nacional y a la Fiscalía de Puerto Plata.

Tras una exhaustiva investigación que encabezó el Inspector General de la institución del orden público, general Frener Bello Arias, éste le entregó un sobre a la procuradora fiscal del distrito judicial de Puerto Plata, magistrada Alba Núñez Pichardo.

En la acción policial fue muerto a tiros Dietrich y heridos, un haitiano y dos alemanes, incluyendo Peter Brunck.

La Policía alegó que fueron agredidos a tiros, y acusó de integrar una peligrosa secta satánica a los extranjeros, a los que se dijo les fueron ocupados fusiles de diversos tipos, pistolas, bombas, dinamitas, balletas, una ambulacia y una jeepeta blindadas, así como chalecos antibalas.

Asimismo, se reportó en esa ocasión que Peter Diectrich y los apresados, entre los que se encontraba Sobey Isabel Dietrich, esposa de Dietrich, traficaban con órganos humanos de personas que eran llevadas al residencial La Mulata III y después eran asesinadas para extraerles sus órganos, los cuales eran vendidos a extranjeros que pagaban fuertes sumas de dinero.

A pesar del empeño extremo de la fiscal Alba Núñez Pichardo de tratar de no revelar el contenido del sobre contentivo de los resultados de la investigación, se ha colado de manera oficiosa que los investigadores han recomendado a la jefatura de la Policía, que comanda el mayor general Manuel Castro Castillo, el sometimiento a la Justicia de los dos coroneles y cuatro capitanes.

Del mismo modo, se solicita el sometimiento de los once agentes que participaron en la requisa del citado residencial hace algo más de nueve meses, la cual se ejecutó de una manera irregular, ya que la orden de allanamiento le fue entregada al capitán Nelson Acosta, en vez de depositarla en manos de un fiscal como ordena el protocolo que rige este tipo de operativo, cuya violación invalida el procedimiento.
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